En un giro estratégico de la política sanitaria, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para reformar la actual Ley de Salud Mental (N° 26.657), sancionada en 2010. La iniciativa, confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, busca «actualizar» el sistema para mejorar la respuesta ante situaciones críticas y emergencias.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la flexibilización de las internaciones involuntarias. Según fuentes oficiales, se busca facilitar el accionar médico y de las fuerzas de seguridad cuando exista un «riesgo de daño» para la persona o para terceros, eliminando la ambigüedad que —según el Gobierno— presenta la norma actual. Además, el proyecto establece la obligatoriedad de que al menos un médico psiquiatra participe en la determinación de dichas internaciones para asegurar una evaluación clínica integral.
Otro cambio significativo es el freno al cierre de los hospitales monovalentes (centros especializados como los neuropsiquiátricos). A diferencia de la ley de 2010 que promovía su sustitución total por hospitales generales, la nueva propuesta apunta a integrarlos y revalorizarlos como centros de referencia dentro de una red escalonada por niveles de complejidad.
La reforma también introduce cambios en la terminología técnica: se reemplazará el concepto de «padecimiento mental» por el de «trastornos mentales o del comportamiento», alineándose con los estándares de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Asimismo, se contempla dar mayor entidad a las familias y asociaciones de pacientes en la toma de decisiones, atendiendo a reclamos históricos sobre la falta de contención durante las crisis.
El anuncio ya ha generado repercusiones políticas. Mientras que figuras como Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, celebraron la iniciativa por considerarla una respuesta urgente a las necesidades de las familias, sectores vinculados a los derechos humanos y defensores de la ley vigente han expresado su preocupación por el posible retorno a modelos de atención basados en el aislamiento y la pérdida de garantías individuales.
